Policy BRIEFING

EDICIÓN 109 • ENERO DE 2016

Redistribución del trabajo
de cuidado no remunerado:
por qué los impuestos importan
para los derechos de las mujeres
A nivel mundial, las mujeres realizan la gran mayoría del trabajo de cuidado no
remunerado. Esta injusta distribución del trabajo tiene profundos impactos en los
derechos humanos de las mujeres y es a la vez un producto e impulsor de la desigualdad
de géneros. A pesar de las obligaciones del Estado para asegurar que las políticas
económicas no sean discriminatorias y prioricen los derechos humanos, las políticas
fiscales regresivas y los servicios públicos mal financiados de hoy en día perpetúan
la desproporcionada responsabilidad de las mujeres en lo que refiere a los cuidados.
Debido a que las políticas fiscales desempeñan un papel crucial en la determinación de
inequidades de todo tipo, las reformas fiscales progresivas a nivel nacional y las mejoras
en la responsabilidad de la gobernanza global resultan vitales si se pretende efectuar un
cambio positivo y alcanzar los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluyendo a
la meta del trabajo de cuidado no remunerado.

El trabajo de cuidado no remunerado
y los derechos humanos
Cerca del 75 % del total mundial del trabajo
de cuidado no remunerado es realizado
por mujeres, incluyendo tareas domésticas,
recolección de agua y leña y cuidados de
personas, tales como niños y ancianos. Se
estima de forma conservadora, que este
trabajo representa el 13 % del PIB mundial.
El aumento global de la participación de
las mujeres en el mercado de trabajo no se
ha visto acompañado por un cambio similar
en quiénes realizan trabajo de cuidado no
remunerado. ONU Mujeres afirma que el
75 % de las tareas que realizan las mujeres en
Asia y África se ejecuta en el sector informal,
sin acceso a un salario digno, licencia por
maternidad o vacaciones pagadas, o a
pensiones que puedan cubrir algunos costos
del trabajo de cuidado no remunerado que
realizan a lo largo de sus vidas. Cuando las
mujeres enfrentan largas horas de trabajo o
salen de sus hogares para trabajar, su trabajo
de cuidado no remunerado por lo general se
traspasa a las mujeres más ancianas o a las
niñas del hogar. La intersección entre género,
clase, etnicidad, edad y situación migratoria
es importante: en todos los países son las
mujeres más pobres y más vulnerables
quienes soportan la doble carga del trabajo
de cuidado no remunerado y el empleo
precario mal remunerado.

El trabajo de cuidado no remunerado es
necesario para que funcionen todas las
sociedades, tiene un enorme valor social y
es fuente de realización para mucha gente,
por lo que reducir la cantidad de cuidados
que se prodiga a la gente no es una solución.
Lo que debe cambiar son las inequidades
entre quienes pagan por los cuidados y
quienes los prodigan. Los costos del tiempo,
la financiación y la oportunidad de las tareas
de cuidados no remuneradas, tienen un
efecto nocivo sobre el disfrute de las mujeres
de una amplia gama de derechos humanos
consagrados como obligaciones legales en
los tratados internacionales sobre derechos
humanos, incluyendo la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Contra las Mujeres (CETFDCM)
y el Pacto Internacional sobre Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC),
así como las principales convenciones de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Las pesadas cargas que representan algunos
cuidados en particular, impiden que algunas
mujeres puedan acceder a un empleo
remunerado, violando la igualdad del
derecho al trabajo. Mientras tanto, las
mujeres se concentran en empleos mal
remunerados y precarios (en parte debido
a que las responsabilidades de los cuidados
no remunerados socavan sus oportunidades
de empleo a largo –y corto– plazo), lo cual

“Cerca del
75 % del total
mundial del
trabajo de
cuidado no
remunerado
es realizado
por mujeres,
incluyendo
tareas
domésticas,
recolección
de agua y leña
y cuidados de
personas, tales
como niños
y ancianos”.

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amenaza su derecho a condiciones decentes de
trabajo, seguridad social y un adecuado nivel de
vida. El trabajo de cuidado no remunerado puede
representar un obstáculo severo para el acceso
igualitario a la educación y la salud, a la vez que
la demanda de tareas de cuidados puede en
sí misma resultar perjudicial para la buena salud.
Fundamentalmente, las cargas de tiempo del
trabajo de cuidado no remunerado hacen que las
mujeres tengan menos probabilidad de ejercer su
derecho a participar en las tomas de decisiones,
la vida pública y cultural. De este modo, el círculo
vicioso de la inequidad de género se perpetúa.
Para hacer valer los derechos de las mujeres y
avanzar hacia una mayor igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres, los Estados están obligados
a abordar las inequidades creadas por la pesada y
desigual carga que representa el trabajo de cuidado
no remunerado. Esto necesita un conjunto de
medidas que incluya la obligación de cumplir con
las normas internacionales del trabajo, de modo
que los empleadores proporcionen a los empleados
el tiempo para cuidarse (p.ej., licencia por
maternidad, licencia por enfermedad) y un salario
digno para financiar la prestación de cuidados.
También requiere que los Estados proporcionen
servicios públicos de calidad y accesibles y sistemas
de protección social integrales. Todo esto exige una
financiación pública sustentable que sea receptiva
al género y a los cuidados.
Las normas de derechos humanos no prescriben
un modelo de política fiscal detallado, pero tienen
mucho que decir respecto al modo en que se
recaudan y gastan los recursos públicos. En primer
lugar, las políticas no deben ser discriminatorias,
directa o indirectamente, en intención o efecto.
El ICESCR (ratificado por 164 países) requiere que
los Estados apliquen el ‘máximo de sus recursos
disponibles’ para avanzar progresivamente hacia la
plena realización de todos los derechos del Pacto.
Los ingresos fiscales son el principal instrumento
generador de recursos del que disponen los
gobiernos. Si se recaudan en forma justa y se
gastan en protección social y servicios públicos,
pueden ayudar a determinar el éxito de un Estado
en la realización progresiva de los derechos
humanos y en la reducción del trabajo de cuidado
no remunerado que realizan las mujeres.

Tendencias en política fiscal

La presión fiscal media con respecto al PIB en
los países de ingresos bajos y medios es del 15 %,
en comparación con el 35 % de los países con
ingresos altos. El problema no es solo la escasez
de ingresos fiscales, sino también las inequidades
en cómo y a quién se cobran los impuestos, lo
cual puede hacer que el sistema impositivo sea
la antítesis de una mayor igualdad de género

y disfrute de los derechos humanos. Diferentes
métodos de recaudar impuestos tienen efectos
muy diferentes sobre la distribución y los sesgos
de género ocultos. Este informe se enfoca en
los sesgos de género implícitos que surgen
como resultado de políticas fiscales regresivas
y una excesiva dependencia de los impuestos
indirectos, tales como los impuestos al consumo.
Aunque los sesgos de género también existen
en los impuestos directos, particularmente en el
impuesto a la renta, esto no será abordado aquí
(vea las Lecturas adicionales).
Las políticas económicas de libre mercado
prevalentes (algunas veces impuestas como
condiciones a los países en desarrollo por parte
de las instituciones financieras internacionales) han
promovido tasas de interés bajas y reducidas para
las corporaciones e individuos con altos ingresos,
aumentado las tasas de los impuestos al consumo,
fijado impuestos comparativamente bajos sobre la
riqueza y las propiedades y eliminado los aranceles
del comercio. Al mismo tiempo, han proliferado
los resquicios legales, los incentivos y los paraísos
fiscales que facilitan la evasión de impuestos por
parte de las élites económicas y las corporaciones
multinacionales. Esto ha provocado que los
sistemas fiscales sean más regresivos, traspasando
la carga a los grupos de menores ingresos, en los
cuales las mujeres están sobrerrepresentadas, a
la vez que los servicios públicos son recortados
y privatizados. La OIT estima que, debido a las
medidas de austeridad, para 2020 el 83 % de
la población de los países en desarrollo se verá
afectada por recortes en el gasto público y que
lo mismo sucederá con el 61 % de la población
de los países desarrollados. Incluso donde existan
programas sociales progresivos, tales como la
política de ‘Hambre cero’ de Brasil, si están
financiados por un sistema fiscal regresivo, su
impacto redistributivo estará limitado y los pobres
pagarán proporcionalmente más por los servicios
sociales que están destinados a ayudarles. Por lo
tanto, no es de extrañar que estén aumentando
las inequidades en la riqueza dentro y entre
los países.

“Para hacer valer
los derechos
humanos de las
mujeres y avanzar
en dirección a una
mayor igualdad
sustantiva
entre mujeres
y hombres, los
Estados están
Exceso de confianza en los impuestos indirectos
En los países en desarrollo, los altos índices de
obligados a
empleo informal combinados con los bajos salarios
abordar las
hacen que el impuesto a la renta sea una pequeña
inequidades
fuente de ingresos que afecta principalmente
creadas por
a la clase media. En consecuencia, los países en
la pesada y
desarrollo confían más en los impuestos indirectos
(p.ej., el impuesto al consumo) que en los impuestos desigual carga
directos (p.ej., el impuesto a la renta), que ascienden que representa
a dos tercios del total de ingresos fiscales. Un
el trabajo de
análisis reciente de la OIT acerca de los informes
cuidado no
de países elaborados por el Fondo Monetario
Internacional (FMI), descubrió que 138 gobiernos
remunerado”.

REDISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DE CUIDADO NO REMUNERADO – POR QUÉ LOS IMPUESTOS IMPORTAN PARA LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EDICIÓN 109 • ENERO DE 2016	

–93 de países en desarrollo y 45 de países
desarrollados– tienen previsto aumentar y/o
ampliar los impuestos al consumo, principalmente
a través del impuesto al valor agregado (IVA).
Aunque el IVA permite una amplia base impositiva
y es relativamente fácil de administrar, salvo que
se lo diseñe cuidadosamente, con las exenciones
necesarias para los alimentos básicos, los
medicamentos y los artículos de uso doméstico,
puede resultar regresivo. En comparación con los
grupos de mayores ingresos, las personas que viven
en la pobreza gastan por necesidad la mayor parte
de sus ingresos en el consumo, de modo que
los impuestos indirectos representan una gran
proporción. Para las mujeres, el IVA puede resultar
especialmente regresivo debido a sus roles de
género como cuidadoras primarias con
responsabilidad de comprar alimentos y artículos
para el hogar. En Sudáfrica, el Women’s Budget
Group presionó para eliminar el IVA sobre el
combustible que compran las mujeres pobres y
rurales para cocinar, mientras que en Kenia y RU
grupos de mujeres se movilizaron contra el cobro
de IVA en las toallas sanitarias y los tampones.
Impuestos corporativos y sobre la riqueza
Mientras tanto, a aquellos que están en mejores
condiciones para pagar se les permite eludir
impuestos significativos. Los impuestos que
apuntan a los propietarios de riquezas y activos
(tales como las ganancias de capital y los impuestos
inmobiliarios) son ampliamente subutilizados o
subcontrolados, beneficiando principalmente a los
hombres, ya que éstos son mucho más propensos
a controlar tales recursos. El FMI estima que los
impuestos a la propiedad son responsables de tan
sólo el 4 % del total de ingresos fiscales en los países
en desarrollo y del 7 % en los países desarrollados.
Las grandes corporaciones también se han
beneficiado, pese a que son en particular los países
en desarrollo los que dependen de los impuestos a
la renta corporativa (IRC) para financiar los servicios
públicos. En promedio, los IRC pagados por las
corporaciones multinacionales representan el 10 %
del total de los ingresos gubernamentales en estos
países. Datos recientes del FMI muestran que las
tasas de los IRC han disminuido entre 15 % y 20 %
en las últimas tres décadas, tanto en los países
desarrollados como en los países en desarrollo.
Además, a menudo las corporaciones
multinacionales negocian exenciones o incentivos
fiscales como condición para llevar su empresa a
los países en desarrollo, lo que a veces significa que
no pagan impuesto alguno a la vez que explotan
la mano de obra barata y se aprovechan de las
normas laborales laxas. Se estima que cada año los
incentivos fiscales corporativos cuestan a los países
en desarrollo US$138.000 millones en ingresos.

“Incluso donde
existan
programas
sociales
Las élites y las corporaciones multinacionales
progresivos,
también son capaces de evitar y evadir el pago de los tales como
tributos que les corresponden. Con la contratación
la política de
de asesores fiscales que cobran honorarios elevados,
‘Hambre cero’ de
las personas ricas pueden trasladar su riqueza a
Brasil, si están
paraísos fiscales o mantenerla en corporaciones y
propiedades que pagan menos impuestos, a la vez
financiados
que las corporaciones multinacionales traspasan
por un sistema
sus ganancias a subsidiarias en jurisdicciones
fiscal regresivo,
de baja carga impositiva, a través de facturas
su impacto
fraudulentas. De acuerdo al FMI, se estima que
como consecuencia de diversas técnicas de
redistributivo
evasión impositiva trasfronteriza, los países en
estará limitado
desarrollo pierden cada año US$212.000 millones
y los pobres
por concepto de ingresos directos. Asimismo,
pagarán
estudios realizados por Global Financial Integrity
proporcional­
han concluido que los países en desarrollo pierden
muchos más ingresos por flujos financieros ilícitos
mente más por
que los que reciben como asistencia. Las propuestas
los servicios
para aumentar ingresos que en gran medida pasan
sociales que
por alto esta dimensión internacional y en lugar de
están destinados
ello se enfocan en gravar a las pequeñas empresas
del sector informal pueden hacer que los sistemas
a ayudarles”.
Sin embargo, la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE), concluyó que
tales incentivos muy pocas veces son una razón
principal para invertir en los países en desarrollo.

impositivos sean más regresivos. Por otra parte, en
ausencia de normas laborales, las mujeres pueden
recibir salarios aún más bajos, en la medida que las
empresas del sector informal recortan costos para
pagar sus impuestos.

Lo que podemos concluir es que estas tendencias
dominantes en la política tributaria dan como
resultado regímenes impositivos que no recaudan
suficientes ingresos de aquellos que están en
mejores condiciones para pagar. Esto a su vez
resulta en la escasez de atención a la salud adecuada
y accesible, guarderías, escuelas e infraestructura
básica, lo que en la práctica significa que las mujeres
y las niñas tienen que cubrir la brecha a través
de su trabajo de cuidado no remunerado o mal
remunerado. A su vez, las corporaciones dependen
de la mano de obra barata de las mujeres dentro de
las cadenas mundiales de suministro para aumentar
sus ganancias a la vez que evaden impuestos y
beneficios a la seguridad social que podrían ayudar
a financiar los servicios públicos y dar soporte al
trabajo de cuidado no remunerado. Esto sucede a
pesar del hecho de que este trabajo de cuidado es
esencial para sostener una fuerza laboral saludable.
Se deja a la mujeres con una cuota desigual de
trabajo de cuidado no remunerado, que equivale
a entre dos y diez veces más que la de los hombres,
mientras que que los gobiernos, las corporaciones
y los hombres evaden sus propias responsabilidades
de suministrar y apoyar las tareas de cuidados.

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Objetivos de Desarrollo Sostenible
Conforme con el Objetivo 5 de ‘Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las
mujeres y las niñas’, los gobiernos se comprometieron a:
‘Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico a través del suministro
de servicios públicos, infraestructura y políticas de protección social y la promoción de una
responsabilidad compartida dentro del hogar y la familia, según sea lo apropiado para el país’.
Al mismo tiempo que la advertencia ‘según sea lo apropiado para el país’ puede disminuir
su impacto, la inclusión de esta meta 5.4 representa un importante paso adelante.
Tanto los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como la Agenda de Acción de Addis Ababa
(AAAA) adoptados en la Tercera Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo (FPD)
incluyen compromisos sobre fiscalidad progresiva y combate a los flujos financieros ilícitos
(ODS 10.4 y 16.4). Sin embargo, la AAAA es un paso atrás con respecto a los acuerdos previos
de la FPD, en la medida en que no se compromete a transformar las políticas económicas que
resultan en una desigualdad persistente e incorporada y promueve la equidad de géneros solo
como un medio para el crecimiento económico. El Grupo de Trabajo de Mujeres sobre la FPD
afirma que ‘No es capaz de reconocer la dimensión macroeconómica de las tareas domésticas
y los cuidados no remunerados y la necesidad de reducirlos y redistribuirlos entre el Estado,
el sector privado, las comunidades, las familias y los hombres y mujeres’.

Recomendaciones sobre políticas

La redistribución del trabajo de cuidado no
remunerado de las mujeres y los hogares hacia el
estado se debe apuntalar con una reforma fiscal
progresiva. Para lograr esto, los gobiernos y las
organizaciones multilaterales, con la participación
y el apoyo de las organizaciones de la sociedad
civil, deben dar los siguientes pasos:
•	 Evaluar y reformar las políticas fiscales nacionales
sobre la base de los principios de derechos
humanos, tales como la igualdad y la no
discriminación y su impacto sobre la cantidad,
intensidad y distribución del trabajo de cuidado
no remunerado realizado por mujeres.
•	 Hacer hincapié en recaudar recursos a través
de mayores aportes fiscales de las élites con
más poder económico (a través de impuestos
corporativos y a la renta, impuesto a la riqueza y
las propiedades, mayores tasas de IVA sobre los
artículos suntuarios) y asegurar su cumplimiento
a través de sistemas fiscales eficientes y efectivos.
•	 Abogar por servicios públicos de calidad y
accesibles, incluyendo programas de cuidado
infantil y protección social, financiados en
la medida de lo posible a través de una
imposición progresiva acorde al género. Esto
será fundamental para que los Estados cumplan
con sus obligaciones existentes sobre derechos
humanos y con muchos de los ODS, incluyendo
las metas relacionadas con el trabajo de cuidado
no remunerado, la pobreza y la desigualdad.
•	 Responsabilizar a los países de altos ingresos por
crear y beneficiarse de un sistema fiscal y una
gobernanza económica global que permiten
la evasión y el fraude por parte de las élites

y las corporaciones, y socava gravemente las
políticas fiscales progresivas de los países. Las
reformas deben asegurar que las reglas fiscales
globales se fijen en pie de igualdad con los
países en desarrollo, a través de un organismo
fiscal intergubernamental de Naciones Unidas.
Esto fue una demanda de muchos países en
desarrollo y organizaciones de la sociedad civil
en la Conferencia para la FPD, que finalmente
fue bloqueada.
•	 Asegurar que las grandes compañías realicen
una importante contribución para financiar
los servicios públicos y la protección social
necesaria para redistribuir el trabajo de cuidado
no remunerado que realizan las mujeres,
pagando los impuestos que les corresponde
de manera justa en todos los países donde
operan. Esto significa poner fin a la evasión de
impuestos y a la presión agresiva para obtener
tasas reducidas de impuestos corporativos
e incentivos fiscales nocivos. La interacción
con las grandes compañías al amparo de los
ODS (p.ej., en asociaciones público-privadas)
debe basarse, como mínimo, en el pago de
sus impuestos y el respeto de los derechos
humanos y las normas laborales internacionales.
•	 Aumentar la financiación para el desarrollo
de capacidades e interacciones entre los
grupos de la sociedad civil y los organismos
gubernamentales que trabajan en políticas
fiscales y aquellos que trabajan en los
derechos de las mujeres y el trabajo de
cuidado no remunerado.
•	 Se necesita más investigación sobre los
impactos de género de las políticas fiscales para
informar a quienes deciden en esta materia.

Otras lecturas
Christian Aid (2014) Taxing Men and
Women: Why Gender is Crucial for a
Fair Tax System, Christian Aid
Grown, C. and Valodia, I. (2010)
Taxation and Gender Equity, Oxon:
Routledge
Sepúlveda Carmona, M. (2014)
Informe de la Relatora Especial sobre
la Extrema Pobreza y los Derechos
Humanos acerca de las Políticas
Fiscales y los Derechos Humanos
(2014, A/HRC/26/28), Ginebra:
Consejo de Derechos Humanos
de Naciones Unidas
Sepúlveda Carmona, M. (2013)
Informe de la Relatora Especial sobre
la Extrema Pobreza y los Derechos
Humanos acerca del Trabajo de
cuidado no remunerado (2013,
A/68/293), Ginebra: Consejo
de Derechos Humanos de
Naciones Unidas
ONU Mujeres (2015) El progreso de
las mujeres en el mundo 2015–2016:
Transformar las economías, realizar los
derechos, Nueva York: ONU Mujeres

Créditos
Este Informe del IDS sobre políticas
fue escrito en colaboración con
el Centro por los Derechos
Económicos y Sociales por
Kate Donald y Rachel Moussié,
en relación con el stream ‘Making
Unpaid Care Visible’ (Haciendo visible
al cuidado no remunerado) del
Programa del IDS sobre Políticas
influyentes para apoyar el
empoderamiento de mujeres y niñas.
El programa es apoyado por la UK aid
del Departamento para el Desarrollo
Internacional de RU.
Las opiniones expresadas son del
autor y no reflejan necesariamente
las visiones del IDS.
Se alienta a los lectores a citar y
reproducir material de los temas
de los Informes del IDS sobre políticas
en sus propias publicaciones. El IDS
solicita el debido reconocimiento
y que se haga referencia a las citas,
tal como se hace más arriba.
AG Nivel 2 ID de salida: 320
© Institute of Development Studies, 2016
ISSN 1479-974X

Los Informes del IDS sobre Políticas son publicados por el Instituto de Estudios del Desarrollo (IDS, por sus siglas
en inglés) y apuntan a ofrecer análisis de alta calidad y recomendaciones prácticas para los legisladores, sobre
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